LA PAZ EN EL CAUCA ES LA PAZ EN COLOMBIA.

Fuente: Mesa de negociación Gobierno-Minga Indígena en el Cauca. La Pedagógica Radio (marzo 2019)

El departamento del Cauca ha sido durante décadas uno de los más golpeados no solo por el conflicto armado y sus efectos, también por la pobreza y la marginación de sus comunidades indígenas y afrodescendientes que en su conjunto equivalen al 41% de la población del departamento, el cual alberga, después del departamento de la Guajira, a la segunda mayor población indígena del país que se agrupa, 87 resguardos, algunos de ellos datan de la época colonial y otros de creación más reciente.

Para el año 1971, adelantó la reunión de 7 resguardos indígenas en Toribio, lugar en que se creó el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, cuyo objetivo, señala el consejo fue “lograr la aplicación de la ley 89 de 1890”, por la cual se “determina la manera como se deben gobernar los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. Lo que extraña no es solo el enunciando de la ley, es que los indígenas pidieran su implementación 80 años luego de su creación, lo que evidencia hasta la fecha (1971) no se había aplicado o respetado la misma de manera plena, en ella se contemplaba la creación y gobierno de los cabildos indígenas y con ello la recuperación de la tierra y los procesos identitarios de estas comunidades. Para 1990 la Asamblea Nacional Constituyente inicia labores y en 1991, el país logro una nueva Constitución Política que derogó la escrita en 1886. Sin embargo, muchas de las posiciones políticas actuales frente a las comunidades indígenas parecen estar ancladas en la constitución del siglo XIX, que marco los destinos del país por más de 100 años.

No es por ello raro escuchar, en el siglo XXI, declaraciones como las entregadas por la congresista Paloma Valencia de Centro Democrático, al periódico la Proclama del Cauca
en el año 2015.

“la senadora afirmó que su partido político tiene previsto promover en el departamento un referendo para “decidir si partimos el departamento en dos. Uno indígena, para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y uno con vocación de desarrollo donde podamos tener vías, se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos”.

Estas declaraciones contrastan con los datos sobre acumulación de tierras en el departamento del Cauca y la falta de garantías por parte del Estado en temas referidos a los Derechos Humanos. Lo que muestra que el problema no se resuelve separando administrativamente a las comunidades, clasificándolas entre productivas y no productivas, entre deseables y problemáticas. La situación de pobreza, conflicto armado y exclusión que se ha presentado durante décadas en este departamento, y en otros como el Chocó y la Guajira, es permanente y la solución está en manos del Estado y de los gobiernos de turno, tanto del nivel nacional como local.

Como temas para el análisis de lo acontecido en el actual paro indígena, dos fundamentales, la “violencia económica” en la región y la situación e Derechos humanos en el departamento.

En un estudio realizado por la Universidad del Valle “Oquist presenta dos datos que, a nivel departamental, explican esa “violencia económica” y la gran importancia que tuvo en el Valle de Cauca. Se trata del número de parcelas perdidas por la violencia y de la procedencia de los migrantes por la violencia en el periodo que va desde 1946 hasta 1966. El Valle del Cauca ocupa el primer lugar entre todos los departamentos afectados por la violencia, al considerar las parcelas que fueron abandonadas o que cambiaron de manos por causa de la violencia. El valor para este departamento es de 98.400 parcelas, seguido de lejos por el Tolima con 54.900 perdidas (p.76) *.
Estos datos referidos a los 20 años transcurridos entre 1946-1966, evidencian el creciente proceso de apropiación y acumulación de tierras en esta región, proceso que seguiría su curso durante las décadas posteriores y fortalecido con el crecimiento de monocultivos como la Caña de Azúcar, que requieren de tierras llanas, fértiles y con fuentes hídricas abundantes. Lo que desplazo a los pequeños propietarios a tierras menos fértiles, de ladera o a las ciudades más cercanas para engrosar los barrios periféricos.
Ahora para el caso del departamento del Cauca “estudios sobre concentración de la tierra han demostrado que en el Cauca existe una acumulación de la tierra significativa, por ejemplo, para el año 2000 se estimaba que en el 61.5 % de la tierra correspondía al 5 % de los propietarios. El atlas de la propiedad rural de Colombia desarrollado por la Universidad de los Andes y el IGAC, muestra al Cauca con el sexto GINNI más alto tanto por propietario como por tierra, que indica que la redistribución de la tierra permitiría disminuir la tensión entre los procesos sociales y fundamentalmente en el caso indígena. El coeficiente GINNI es un indicador de inequidad siendo más inequitativo cuanto más se acerca a 1. (P.156) **

Tomado de: Duarte, Carlos. Mapa p. 157. https://www.javerianacali.edu.co

La concentración de la propiedad, de la tierra en este caso, deja a las comunidades con limitadas o nulas posibilidades de desarrollo, incrementando la inequidad y los conflictos sociales y económicos que se relacionan directamente con las causas, desarrollo y efectos del conflicto armado en Colombia. La tierra como un factor de prosperidad bajo la perspectiva de su función social ha sido y seguirá siendo un motivo de conflicto permanente sino no se implementan políticas sociales y una necesaria redistribución de la propiedad. De lo contrario no será posible cambiar cifras como “61.5 % de la tierra correspondía al 5 % de los propietarios”. No en vano el primer punto de negociación del acuerdo paz en la Habana fue el tema de Tierras.

Esta problemática está ligada directamente con la situación de Derechos Humanos que vive en departamento del Cauca que registra 289.680 víctimas del conflicto armado, esto frente al total nacional 8.389.27. Esta cifra tiende a aumentar, sobre todo por los casos de asesinatos a líderes sociales.

“El departamento del Cauca ocupa el primer lugar a nivel nacional en la estadística de líderes y defensores de Derechos Humanos asesinados. Como lo revelan las cifras recopiladas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 al 22 de agosto de 2018, se produjo un total de 83 homicidios. Para el año 2017 de los 30 casos de líderes asesinados el sector indígena fue el que sufrió con mayor intensidad este flagelo pues fueron asesinados un total de 15 de sus representantes, lo que significa que la mitad de los homicidios que se produjeron tuvieron como víctima a un líder indígena. (P.17 y 19).” ***

Siguiendo con el informe de la defensoría del pueblo; “En el departamento del Cauca registra la presencia de una población aproximada de 248.532 distribuidos en 87 resguardos indígenas que se encontrarían comprendidos en 25 municipios del departamento del Cauca. Los más numerosos son los Nasa y los Misaks, seguidos por los Yanaconas, Totoroes, Coconucos, Eperara Siapidaras, Polindaras, Ambalueños, Quizgueños e Ingas. Todos ellos exceptuando los Polindara y los Ambalueños fueron declarados en riesgo de extinción física y cultural por la Honorable Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009, y cuentan con Plan de Salvaguarda. El plan de salvaguarda del pueblo Quizgó fue ordenado en el Auto 266 de 2017. (p. 35)”

A la problemática de vulnerabilidad de estas poblaciones se suman, entre otros, dos incumplimientos, el primero, respecto a los procesos de reparación colectiva desde la Unidad de víctimas, que como señala la Defensoría, “frente a la formulación e implementación efectiva de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRPCI), a la fecha los que están en Consulta Previa no han avanzado desde mediados del año pasado (2017), tan solo se dio el avance de los sujetos colectivos de Lomitas y San Miguel, luego de que estas comunidades se tomaran las instalaciones de la Unidad para las Víctimas Territorial Cauca, por espacio de dos días.
El segundo incumplimiento, la falta de compromiso del gobierno nacional para cumplir los acuerdos firmados en el año 2017, entre los cuales, señala caracol radio ****, se encuentran entre otros:

• Formalización del diálogo político entre el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Gobierno Nacional, como un mecanismo institucional para que los acuerdos sean priorizados en los presupuestos de las entidades.
• Creación de una instancia para su seguimiento.
• Gratuidad educativa a todos los niños indígenas que se encuentran bajo la modalidad de contratación.
• Reconocimiento de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural para el fortalecimiento de los programas de educación propia.

Con estos elementos generales, es claro que la solución debe estar enmarcada en la implementación del Estado Social de Derecho, de los marcos jurídicos de la Constitución política de 1991 que reconoce al país como pluriétnico y multicultural desde una perspectiva de reconocimiento de las comunidades indígenas en sus derechos y como sujetos políticos que hacen parte no solo del departamento del Cauca, sino de la nación colombiana. Garantizar condiciones de acceso a la propiedad de la tierra, financiación, vías y medios de transporte, satisfacción plena de los derechos fundamentales, seria el primer paso para alcanzar la paz en al Cauca y así abrir paso para la paz en Colombia.

_______________________________________
*Universidad del Valle. “Análisis cualitativo sobre la tenencia de la tierra en el Valle del Cauca. http://bibliotecadigital.univalle.edu.co
** Duarte, Carlos. Análisis de la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en él departamento del Cauca. (2013). Tomado de: https://www.javerianacali.edu.co.
***Informe ejecutivo sobre la situación de Derechos Humanos en el Departamento del Cauca. http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informe-ejecutivo%20_vicedef.pdf
****http://caracol.com.co/radio