EL PROCESO DE PAZ A CUIDADOS INTENSIVOS

El proceso de paz a cuidados intensivos

No cabe duda: el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc ha traído importantes resultados para el país entero. La insurgencia más antigua del mundo cumplió su compromiso de abandonar las armas y destruyó toneladas de material bélico esparcido en múltiples depósitos por el amplio territorio nacional. Como resultado inmediato de su decisión, la violencia asociada al conflicto descendió en forma ostensible entre 2012 y 2016. Contra todo pronóstico, Colombia vivió en marzo de 2018 una de las elecciones a Congreso más tranquilas de toda su historia.

A pesar del lento tránsito del fast track, importantes actos legislativos fueron aprobados en bloque. Así se dio vida a la reincorporación política de la guerrilla con la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, uno de los hechos más importantes del proceso que cambió balas por palabras. El presidente de la República, por su parte, dictó casi un centenar de decretos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz y la disposición de garantías de seguridad para la reincorporación, entre otros.

Sin embargo, un número considerable de proyectos de ley no se aprobó. Bancadas que inicialmente aplaudieron el proceso se distanciaron al final y lograron incidir en cambios o rechazos frente a lo acordado en La Habana. Si bien la Corte Constitucional allanó el camino para la participación política de las Farc y blindó el Acuerdo sujetando a los funcionarios públicos a su cumplimiento durante los próximos 12 años, también estableció nuevas condiciones y modificaciones a la justicia transicional que fueron objetadas en tanto redujeron la autonomía del sistema y debilitaron derechos más universales que cobijaban a las víctimas. Finalmente, otras decisiones quedaron pendientes, como ocurre con la aceptación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el más claro expediente de una reforma democrática en beneficio de las víctimas.

Aunque podrían señalarse distintos avances obtenidos con el Acuerdo y las decisiones de diversos actores tras la firma en el Teatro Colón, otros hechos de gran fuerza parecen enrarecer el panorama.

La inseguridad ha retornado a zonas rurales anteriormente afectadas por el conflicto. Los asesinatos de dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y exmiembros de la guerrilla se han incrementado al menos en nueve departamentos. El vacío de poder que ha quedado en zonas otrora bajo influencia de las Farc ha propiciado la expansión y arremetida de grupos disidentes u otros que, dedicados a actividades económicas ilícitas, disputan ahora el control del territorio, la minería criminal o el cultivo y tráfico de drogas, con cierto apoyo en miembros aislados de la fuerza pública. Al menos en un centenar de municipios la violencia homicida se ha disparado con la salida de las Farc de sus territorios, mientras en otros se ha generado una especie de orgía criminal de baja calaña en crecimiento.

La prensa otorga hoy despliegue a lo que ocurre en Nariño por el asesinato de los periodistas ecuatorianos. Sin embargo, en otras zonas como Guaviare o Cauca aumenta el reclutamiento por parte de las disidencias, mientras en el cinturón del Pacífico, en Antioquia y Córdoba, hasta la frontera con Panamá, o en los Llanos orientales, recrudece la presencia de fuertes grupos delincuenciales. Probablemente, el aumento en los cultivos de coca encuentre alguna explicación en estos hechos o viceversa. Territorios fronterizos que facilitan la cadena de producción y exportación resultan ser los más afectados. Al fin y al cabo, la revaluación del dólar ha originado aumento en los precios de la hoja de coca y la pasta base.

Los espacios veredales asignados a las Farc han presentado dificultades que favorecen su abandono. Las Zonas Veredales de Transición y Normalización son ahora Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, como simple cambio de nombre y no como resultado de transformaciones concretas sobre el entorno. Muchas de las garantías ofrecidas a los excombatientes han quedado en el tintero. La cobertura en salud, por ejemplo, no ha podido universalizarse en todas las zonas y ha presentado serias debilidades en los suministros de medicamentos. La educación ha tenido un aporte limitado. Los ofrecimientos del Sistema Universitario Estatal y de la Universidad Pedagógica Nacional, en particular, no recibieron claro respaldo ni impulso por parte del Gobierno. Cierto sentimiento de frustración debate a grupos de base de la antigua guerrilla, acosados por la falta de oportunidades e impacientes por la promesa de proyectos productivos colectivos que no logran despegar en gran escala. La reincorporación jurídica, por otra parte, ha registrado demoras para exmiembros de las Farc que continúan detenidos o que incluso han sido recapturados por fallas en los sistemas de información estatal.

Con todo, la detención de Jesús Santrich es el golpe más duro propinado al proceso. Más allá de la discusión sobre la realidad o el montaje de las incriminaciones, es una situación para asumir con absoluta transparencia y calma; sin la injerencia de intereses políticos o transnacionales, con la verdad como vara suprema de medida. El influjo de las decisiones que se tomen sobre el resto del proceso es irrebatible.

Colombia debe repensar lo hecho. Debe concretarse un detallado plan nacional de reincorporación para los excombatientes; acometer planes integrales de atención sobre los espacios que hoy ocupan; garantizar la presencia del Estado en los territorios azotados por el conflicto, no solo desde el punto de vista militar sino, ante todo, de lo social y lo económico, en las garantías de derechos y en el cuidado de la vida; atender con energía la sustitución de cultivos y el desarrollo alternativo, abrir paso a reformas rurales y de propiedad sobre la tierra que incluyan estrategias de crédito, economía solidaria, vías terciarias, apoyo técnico y mercado.

Falta espacio en esta columna para analizar la situación y evidenciar lo necesario. Son demasiadas sus aristas. Simplemente, cabe decir que no es demasiado tarde para el compromiso. Colombia puede ser reconocida como el país del posacuerdo o el país del desacuerdo.